En los últimos 5 años el total de situaciones registradas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay se incrementó casi en un 42%. Respecto a 2023, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) registró e intervino un total de 8157 situaciones de violencia, lo que implica poco más de 22 situaciones diarias y un aumento de casi un 9% en comparación a 2022.
El 25 de abril se conmemora el día Internacional de la lucha contra el Maltrato Infantil, que constituye uno de los problemas considerados graves y de gran preocupación en la agenda política de la mayoría de los países de occidente. Si bien desde los inicios de la historia de la humanidad existen indicios de maltrato hacia las infancias, es recién a partir de la segunda mitad del siglo XX que los países comienzan a crear normas de protección para la infancia.
En este sentido, por primera vez en el año 1946 se acuñe el término “maltrato infantil” para referir al maltrato físico y la negligencia hacia el cuidado de los niños y niñas en el seno del hogar. Luego se sumarían en el concepto, el maltrato psicológico y el abuso sexual.
El creciente reconocimiento de la injusticia que entrañan estas situaciones, producto de una comprensión más profunda de las necesidades de desarrollo de niños y niñas, llevó a la creación de distintos movimientos para proteger mejor a las infancias y comprender que el maltrato, en cualquiera de sus formas, es una violación de derechos.
Las normas internacionales sobre los derechos avanzaron notablemente durante el devenir del siglo XXI; sin embargo en la actualidad, persisten problemas para que estos ideales lleguen a ser una realidad a nivel global.
El ejemplo empieza por casa
En Uruguay donde históricamente se registra una tasa de natalidad muy baja y los datos preliminares del Censo 2023 hablan de un total de 3.444.263 habitantes, con la cantidad de personas jóvenes y menores de edad en descenso, es difícil imaginar que con una población infantil tan escasa, el Estado no pueda brindar las condiciones básicas y fundamentales para que niños y niñas crezcan en un ámbito apropiado y libre de violencias.
Sin embargo recientemente fue publicado un nuevo informe de gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), donde se confirma que entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023 se detectaron y atendieron 8.157 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, que se traduce en un promedio de 22 situaciones por día.
Como sociedad tenemos la urgencia de asumir que la violencia contra NNA no solamente afecta negativamente la salud en el corto, mediano y largo plazo, sino que también conlleva el aprendizaje implícito de que es una forma válida de resolución de conflictos. En este sentido, en colectivo podremos promover un cambio cultural que desarraigue la violencia como forma de vincularnos, pero para eso es preciso comprender por qué ocurren ciertas cosas.
Justamente el punto de partida para entender la violencia hacia la infancia es la violencia social que incluye violencias estructurales, culturales e interpersonales. Cada una de estas surge de la anterior y a la vez está en su origen, por lo que para comprender la violencia hacia la infancia se debe considerar este cúmulo de violencias que se anudan y entretejen en los grupos sociales, íntimamente implicadas y que se refuerzan mutuamente, permitiendo la producción y reproducción de un determinado ordenamiento social.
Esta concepción supone una organización en sistemas que jerarquizan a las personas según su género, generación, clase social, etnia/raza, etcétera, colocando a ciertos individuos en lugares de inferioridad frente a otros.
Por ejemplo, si observamos al detalle la información brindada por SIPIAV se advierte que en el 90% de los casos detectados, las principales personas agresoras son integrantes de sus familias o forman parte del núcleo de convivencia. Esto ocurre porque muchas veces, se cría utilizando métodos de castigo que se basan en el uso de la fuerza física o la intimidación verbal para obtener los comportamientos deseados. Se evidencia de este modo un claro predominio de una lógica adultocentrista, basada en la atribución de privilegios a las personas adultas frente a grupos etarios menores, donde prima la concepción de lo que los adultos entienden como “adecuado” y por tanto debe ser acatado.
Estos sucesos que generalmente ocurren en el ámbito de “lo doméstico”, históricamente propiciaron condiciones de mayor riesgo para las infancias, en el entendido que socialmente era aceptada la idea que “lo que ocurría en el espacio de lo íntimo o privado quedaba allí”. En este aspecto, el poder legislativo de nuestro país generó una serie de leyes específicas en la materia, mediante las cuales se prohíbe el castigo físico y humillante como método correctivo. (Ley Nº 18.214)
Por otra parte, producto de la carga cultural, social e histórica de nuestras sociedades, a la edad se agregan valoraciones, expectativas, roles y tareas específicas que se internalizan y van construyendo identidad en los sujetos de un determinado grupo etario. Aquí aparece el tema del poder, ya que las diferencias de edades entre los distintos grupos (niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores) constituyen un espacio con relaciones, prácticas y conductas que están permitidos a ciertos grupos y a otros no.
Otro de los datos más alarmantes del informe es que al igual que en los años anteriores, la mayoría de los casos afectó a niñas y adolescentes mujeres (54%), mientras que 46% involucró a varones.
En este sentido, podemos decir que el patriarcado como construcción social, basado en el dominio de los varones sobre las mujeres (individual y colectivamente) en el contexto de las relaciones políticas, sociales y familiares, ha permitido y naturalizado el empleo de la violencia como forma de mantener y perpetuar este modelo de relaciones, tanto en el ámbito público como en el privado. A su vez, cuando se desglosan los tipos de violencias registrados según el género, sólo en las violencias sexuales hay una diferencia significativa: tanto en explotación como en abuso sexual, ocho de cada diez situaciones registradas corresponden a niñas o adolescentes mujeres. “Esta relación permanece incambiada desde hace más de una década de informes”, aclara el Sipiav, y agrega que, en ese sentido, “el lugar de niñas y mujeres adolescentes es un lugar de extrema vulnerabilidad asociada al género”.
Desde la Obra Ecuménica entendemos que contribuir a visibilizar y desnaturalizar la violencia estructural que afecta a los más vulnerables, es uno de los pasos esenciales para la prevención, ya que de esta forma se favorece la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan visualizarse en estas dinámicas violentas que sufren.
En mi país, qué tristeza las infancias
Los tipos de violencia o “malos tratos” incluyen: la violencia física, la violencia psicológica o emocional, abuso sexual y el trato negligente. Otra forma de someter a NNA a situaciones de violencia es cuando estos son testigos de maltrato o abuso sexual hacia terceros. En este punto se considera que las consecuencias son similares a las que experimentan cuando viven la situación de violencia en forma directa.
La exposición a cualquier tipo de violencia siempre, pero aún más cuando es crónica y cuánto de edades más tempranas son los niños y niñas expuestos a ella, afecta la estructura del cerebro, genera deterioro permanente de las capacidades cognitivas y emocionales y predispone a conductas de riesgo y antisociales. Repercute también en un menor rendimiento escolar, menores habilidades para establecer vínculos afectivos saludables, predispone a conductas sexuales de riesgo, al uso de sustancias psicoactivas y genera trastornos crónicos de salud mental. Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia se ven perjudicados en su salud física y emocional, en el desarrollo cognitivo, en la autoestima, afectando las relaciones con otras personas y haciéndolos más propensos a mostrar comportamientos violentos hacia sus pares.
Siguiendo en análisis del último registro y al igual que en los años previos, en nuestro país el maltrato emocional sigue siendo el mayor tipo de violencia registrado (39%), seguido del abuso sexual (22%), la negligencia (21%), el maltrato físico (16%) y la explotación sexual (2%).
A la luz de estos alarmantes datos, desde nuestro lugar como organización de la sociedad civil que hace más de 45 años que trabaja con infancias y adolescencias, hacemos un llamado al sistema político, a las organizaciones, al movimiento social y a toda la sociedad en su conjunto a redoblar los esfuerzos para prevenir y proteger a niñas, niños y adolescentes de toda forma de violencia.
Remarcamos la importancia y urgente necesidad de contar con políticas públicas e inversiones sostenidas en programas y proyectos que aborden la problemática de manera integral. Es fundamental trabajar en la promoción de una cultura de buen trato, el desarrollo de estrategias de prevención y detección temprana, y la atención especializada a víctimas de violencia.
Si conoces alguna situación de violencia, podés hacer la denuncia a La Línea Azul a través del número 0800 5050
Redacción Camila Botto
Bibliografía
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(S/f). Violenceagainstchildren.un.org. Recuperado el 17 de abril de 2024, de https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/exper t_consultations/regional_bullying_and_corporal_punishment/regional_consultation_o n_corporal_punishment/2._uruguay_-_prohibicion_legal2.pdf
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