El aporte de la OEBB frente a los avances y desafíos en la accesibilidad para las personas en situación de discapacidad.
La accesibilidad para las personas en situación de discapacidad es un tema crucial en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y equitativa. En Uruguay, se han logrado avances significativos en términos de promover la accesibilidad en diversos ámbitos. Sin embargo, aún persisten desafíos importantes que requieren una atención constante y acciones coordinadas para garantizar la plena participación de las personas que se encuentran en situación de discapacidad en la sociedad.
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La discapacidad resulta una concepción vasta, en tanto presenta diversos orígenes y tipos. Comúnmente, se reconocen tres tipos: física, mental y sensorial. La existencia de una no implica la ausencia de otras. A su vez, la discapacidad puede ser congénita o adquirida -accidentes, enfermedades postnatales-; así como definitiva, susceptible de modificarse en ciertos aspectos, o compensable -cambiando la situación a través del uso de prótesis u otros recursos-.
Por tal motivo, resulta básico determinar el grado de la discapacidad -leve, moderada o severa en relación cuantitativa con la alteración funcional-, y su evolutividad -progresiva, estacionaria o regresiva-. Todos estos son aspectos que determinan de una u otra forma la realidad de cada sujeto en situación de discapacidad, sumando a esto la personalidad, vida cotidiana y las determinaciones propias que atraviesan todos los individuos por el hecho de vivir en sociedad: relaciones intrafamiliares, condiciones socioeconómicas, aspectos culturales, inserción en el mercado laboral, entre otras
Los últimos datos sobre la cantidad de personas en situación de discapacidad corresponden al censo de 2011. En aquella oportunidad, unas 517 mil personas presentaron algún tipo de discapacidad. De ese total, 365 mil tenían una discapacidad leve, 128 mil una discapacidad definida como moderada, mientras que 23.433 personas se encontraban en una situación de severidad. De acuerdo a esas cifras, un 15.9% de la población uruguaya estaba formada por personas con discapacidad.
Asimismo, del censo del 2011 también se desprendían cifras respecto a los tipos de dificultades censadas. Unas 120 mil personas tenían alguna deficiencia auditiva, 250 mil presentaban alguna deficiencia visual, aproximadamente 210 mil acusaban alguna discapacidad motriz (70 mil personas con movilidad reducida o usuarias de silla de ruedas) y unas 83 mil personas con alguna discapacidad intelectual (cerca de 29 mil con deficiencia intelectual moderada y severa). En la actualidad se encuentra en proceso la realización de un nuevo censo que generará cifras actualizadas respecto al tema, pero hasta entonces los últimos números disponibles corresponden a una década atrás.
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A las personas con discapacidad se les condiciona y restringe la participación social, lo que supone “barreras sociales, culturales y físicas para la realización de muchas actividades generales”, sostiene el sociólogo Paul A. Córdoba. Y agrega que las personas con discapacidad son excluidas socialmente y han presentado problemas estructurales que las han condicionado históricamente (1).
En el mismo sentido, la docente, investigadora e integrante del Grupo de Estudios sobre Discapacidad (Gedis) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR, María Noel Miguez, establece que una de las determinaciones que atraviesan la discapacidad es la accesibilidad, en tanto poder funcionar y participar independientemente en los asuntos que hacen al individuo en los términos propios de uno mismo, en su misma significación y con las propias habilidades (2).
Miguez considera que la imposibilidad a este acceso determina, en mayor o en menor medida, la exclusión social de los sujetos con discapacidad, sin estimar cuál sea su dificultad, sin considerar las habilidades que posee, de manera que sus derechos no están siendo respetados ante aspectos a veces «invisibles» para la vida cotidiana de aquellos que se consideran «normales». Por citar algunos ejemplos: derecho a transitar libremente por la ciudad sin impedimentos arquitectónicos, de comunicarse telefónicamente con aparatos que puedan utilizar las personas sordas, sonidos en los semáforos para que las personas no videntes reconozcan los cambios de luz, etc. Para los sujetos en situación de discapacidad, “accesibilidad implica la posibilidad de ser, en primera instancia, y de ser un sujeto con derecho a tener derechos”.
En las últimas décadas, Uruguay ha demostrado un compromiso legal hacia garantizar la accesibilidad para todas las personas. En 2008, se aprobó la Ley Nº 18.651 de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, que definió principios y pautas para garantizar el acceso igualitario en áreas como la vivienda, el transporte, la educación, el empleo y los servicios públicos. Esta ley sentó las bases para el desarrollo de políticas y programas inclusivos.
En el ámbito de la construcción y el urbanismo, en tanto, el Decreto 117/009 estableció requisitos específicos de accesibilidad en los espacios públicos y edificios de uso público. Además, se han implementado normas técnicas para la adaptación de viviendas y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Por otro lado, en cuanto al transporte, se incorporaron vehículos adaptados para personas con movilidad reducida en ómnibus y taxis, así como sistemas de información audiovisual en algunas de sus unidades. Aún así, muchos ómnibus y taxis aún no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad total, lo que dificulta el desplazamiento independiente de las personas con discapacidad.
Algo similar sucede con el acceso a la educación y el empleo. En el ámbito educativo, se han implementado programas de inclusión educativa que buscan garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad. Se han realizado adaptaciones curriculares, capacitación docente y se han construido escuelas inclusivas. No obstante, la falta de recursos y la necesidad de una mayor sensibilización y formación docente dificultan la implementación efectiva de la inclusión educativa en todos los niveles.
En cuanto al empleo, se han promovido políticas para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, como cuotas de contratación y programas de apoyo a la inserción laboral. A pesar de estos esfuerzos, la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad sigue siendo alta, evidenciando la necesidad de impulsar estrategias más efectivas.
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Como institución que trabaja para contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas de nuestra comunidad, desde hace años la Obra Ecuménica Barrio Borro (OEBB) apuesta por la generación de espacios destinados a generar habilidades adaptativas para los y las adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad que habitan en la cuenca Casavalle.
El proyecto socioeducativo “Paprika”, en funcionamiento desde el año 2017, busca promover la participación, la inclusión socioeducativa y el desarrollo de habilidades adaptativas de los y las adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad, a través de un espacio educativo y de socialización, que contribuya en sus procesos de autonomía a fin de potenciar el ejercicio de sus derechos, mediante la articulación con sus familias y la comunidad.
Su incorporación surge de la ausencia de espacios de participación para los jóvenes en situación de discapacidad que habitan la cuenca de Casavalle; en una de las zonas con mayores indicadores de vulnerabilidad. Allí, una vez que egresan de educación primaria, quedan relegados al ámbito doméstico sin muchas posibilidades, dado que la mayoría no cuenta con prestaciones sociales (pensión por invalidez y/o ayudas extraordinarias) habilitadoras para el acceso a centro educativos. Esta barrera está dada por la ausencia de evaluaciones psicodiagnósticas que, además de resultar muy costosas, escasean dentro de los servicios de salud pública.
En tal sentido, el proyecto Paprika pretende que los jóvenes integren conocimientos básicos y habilidades sociales que permitan el acceso a bienes socioculturales más amplios, que contribuyan en sus procesos de autonomía. Así, se incentiva la problematización y reflexión ante diversas temáticas vinculadas a género, diversidad, sexualidad, cuidado ambiental, etc. La propuesta funciona dos días a la semana en modalidad de talleres: gastronomía, huerta, espacio socio educativo, entre otros, apuntando al involucramiento de las familias en la misma, otorgando asesoramiento y acompañamiento en relación al ejercicio de sus derechos y la integración social.
Adicionalmente, de manera reciente la institución dio un nuevo paso en lo referente a la accesibilidad al adaptar su infraestructura a las necesidades de la población en situación de discapacidad que participa de las diversas propuestas. Para ello, se remodeló el acceso de ingreso a la OEBB, con una rampa que va desde la calle hasta el patio interno de la institución. Se construyeron dos rampas internas -con sus barandas correspondientes- para facilitar la circulación de las sillas de rueda entre los salones de educación formal, los baños y el sector de multiespacio del comedor. Y se edificó un nuevo box de baños: cuatro baños comunes, uno específico para personas en situación de discapacidad y otro para las y los trabajadores de la institución.
De esta forma, la OEBB reafirma su compromiso de desarrollar espacios educativos y políticos, donde las personas se reconozcan como sujetos críticos, protagonistas en la búsqueda de alternativas; promoviendo la autonomía, la cooperación, la diversidad y la libertad como principios que guían nuestras prácticas.
Fotos: Parte de las obras realizadas en la OEBB para ampliar la accesibilidad de quienes participan
Córdoba, P. (2008). Discapacidad y Exclusión Social. Propuesta teórica de vinculación paradigmática. Panamá: Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena”
NOEL MÍGUEZ, MARÍA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD: LA EXPERIENCIA MONTEVIDEANA Portularia, vol. VI, núm. 2, 2006, pp. 123-137 Universidad de Huelva Huelva, España
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