La definición de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la creación de una agenda para buscar garantizar el desarrollo sostenible a nivel global en 2030, llevan siete años de práctica. Desde un grupo significativo de organizaciones de la sociedad civil, se encuentra una valoración débil sobre el avance que Uruguay ha tenido en cuanto a su proceso de implementación. En tanto, desde su concepción y abordaje cotidiano, la labor que lleva adelante la Oebb está alineada con varios de los ODS definidos.
Urgidos por la necesidad de concretar importantes acuerdos que les permitieran avanzar de forma conjunta en la atención a la pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación universal, la inclusión social y la protección del medio ambiente, 193 países integrantes de las Naciones Unidas -entre los que se encuentra Uruguay- firmaron en 2015 un compromiso para garantizar el desarrollo sostenible a nivel global. El acuerdo comprendió la definición de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y decenas de metas específicas, e implica un llamamiento universal que busca garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad.
El nuevo compromiso es una continuación de los lineamientos definidos como “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (2000-2015) de la ONU, que buscaba afrontar problemas globales de forma conjunta. Entre sus objetivos se encontraba la erradicación de la pobreza extrema, el hambre y la mejora en el acceso a la educación. Aunque por ese entonces las metas allí establecidas no se cumplieron totalmente, sí favorecieron importantes avances que, en 2015, se extendieron a través de la Agenda 2030.
Los ODS actuales, que representan la Agenda 2030 vigente, se encuentran organizados en cinco áreas y abarcan un gran conjunto de temáticas: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de la desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para los objetivos.
Se pretende que sus avances se realicen integrados y que la acción en un área afecte los resultados de las otras. Así, se espera que dar respuesta a la amenaza del cambio climático repercuta en la forma en que se gestionan los recursos naturales, que avanzar en la igualdad de género, o mejorar el acceso a la salud, ayude también a reducir la pobreza y fomentar la paz, y que sociedades más inclusivas aporten a reducir las desigualdades. En tanto, su desarrollo pone énfasis en priorizar el progreso de los países más rezagados.
Débil valoración
Esta Agenda 2030, que propone una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, se ha convertido, en mayor o menor medida, en una referencia para la acción de los Estados. Por ese motivo, durante el presente año, desde la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG) se realizó un informe con el fin de identificar cuáles han sido los progresos y desafíos en las áreas de política pública a escala nacional y territorial uruguaya, desde la perspectiva de múltiples actores de la sociedad civil.
El informe denominado Luz detalla que, en términos generales, se encuentra una valoración débil, por parte de un grupo significativo de organizaciones, sobre el avance que el país ha tenido en cuanto al proceso de implementación de los ODS. Además, agrega que “existe un fuerte consenso en torno a la escasa existencia de acciones tanto a nivel de diseño de políticas (planes, estrategias, marcos legales) como a nivel de su ejecución, en donde se percibe que no se han adoptado medidas suficientes para una adecuada aplicación de la Agenda”. Establece, por otra parte, que los mayores avances se identifican en relación con la planificación o inicio de acciones tendientes a su aplicación. Esto indica que, por fuera del grupo anterior, existe un conjunto significativo de organizaciones que perciben algunas señales de progreso.
La valoración más desfavorable, según el informe, la recibió la pregunta referida a la existencia de mecanismos de sensibilización y desarrollo por parte del Estado, donde un 76,7% plantea que no hubo avances o estos han sido mínimos. En tanto, afirma que la amplia mayoría de los encuestados identifican una falta de espacios de gobernanza donde la sociedad civil pueda participar para la formulación de políticas públicas y su posterior implementación.
En cuanto a los avances sobre ODS específicos, el informe analiza la percepción de las organizaciones respecto a los objetivos de poner fin a la pobreza (ODS número 1), educación de calidad (ODS número 4) y equidad de género (ODS número 5).
Sobre el ODS 1, poner fin a la pobreza, entre el conjunto de organizaciones encuestadas, el ítem mejor valorado es el referido a la existencia de instituciones públicas con un mandato claro y capacidades para ejecutar las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza. Sin embargo, el informe establece que existe la percepción, desde distintos actores, de que la prioridad para el gobierno pasa por la reducción del déficit fiscal, “lo que implica la eliminación o la reducción presupuestal en algunos programas sociales”.
Por su parte, en los ODS de educación de calidad, el ítem mejor valorado es el relacionado a la capacidad de las instituciones del Estado. Mientras que el sub-bloque gobernanza y vínculos con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), sobre todo en lo referente a los mecanismos de sensibilización y desarrollo de capacidades, es donde se encuentra una valoración más desfavorable. El informe señala que en las entrevistas se hizo referencia a la necesidad de que el gobierno trabaje en establecer, conjuntamente con las OSC, la profesionalización de la educación no formal, creando capacidades y estandarizando resultados.
Finalmente, en el ODS 5 igualdad de género, el sub-bloque con valoración más baja es el relacionado a la transparencia y la rendición de cuentas. La percepción es que los niveles de violencia son muy altos y que - en los espacios de rendición de cuentas - se presentan las cifras de tal manera que no reflejan la gravedad de la situación. Como se pudo observar en el análisis de los indicadores, Uruguay presentaba los datos de femicidios más altos de la región en 2019 y casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años, que han tenido (o tienen) pareja, vivieron situaciones de violencia basada en género.
Nuestro aporte
Tal como señala el informe de ANONG -asociación de la que forma parte la Oebb- se destaca como imprescindible un trabajo más cercano con las organizaciones sociales para lograr mayores avances en el cumplimiento de los ODS, en tanto son estas las que participan y gestionan diversas redes territoriales, en contacto con las poblaciones en situación de vulneración de derechos.
En ese sentido, la Oebb se encuentra alineada a los ODS definidos en la Agenda 2030 y su aporte en la cuenca de Casavalle suma más de cuatro décadas ininterrumpidas. Partiendo de reconocer la existencia de un sistema político y económico deshumanizante que produce desigualdad social y ambiental, nuestro compromiso es a desarrollar espacios educativos y políticos donde las personas se reconozcan como sujetos críticos, protagonistas en la búsqueda de alternativas; promoviendo la autonomía, la cooperación, la diversidad y la libertad como principios que guían nuestras prácticas.
Esa visión se traduce en los programas específicos que lleva adelante la institución. Así, en lo que refiere a los objetivos de Fin de la pobreza (ODS 1), hambre cero (ODS 2), salud y bienestar (ODS 3), educación de calidad (ODS 4) y reducción de las desigualdades (ODS 10), los proyectos de Club de Niños, Centro Juvenil y Paprika -proyecto para jóvenes y adolescentes en situación de discapacidad- de la Oebb, proporcionan un espacio socioeducativo y alimenticio para más de 150 niños, niñas y adolescentes de la zona.
Con diferentes propuestas, desde la educación formal y el acompañamiento no formal, se busca garantizar el derecho a la educación de forma plena e inclusiva de quienes participan en las propuestas, promoviendo se desarrollo integral, mediante la construcción de espacios de socialización, recreación, cuidado, apoyo pedagógico y capacitación, entre otros.
El aporte de estos proyectos, en la línea de los ODS señalados, se complementa con el trabajo desarrollado en las áreas de género, recreación comunitaria y ambiente y sustentabilidad. Desde ese enfoque, la Oebb trabaja en la generación de propuestas educativas, de sensibilización y reflexión. A su vez, a nivel comunitario, se promueven y habilitan espacios de encuentro para los y las vecinas del barrio. Lo que resulta en una contribución significativa a la comunidad, en lìnea con los objetivos de igualdad de género (ODS 5), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), acción por el clima (ODS 13) y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16)
A nivel local, el trabajo de la Obra en la cuenca de Casavalle antecede la definición de los propios ODS y la Agenda 2030. Si bien su aporte se limita a un área específica de Montevideo, resulta de gran relevancia si se tiene en cuenta que es una de las zonas con los niveles más bajos de ingresos y con mayor rezago educativo del país. En tal sentido, la valoración realizada por las organizaciones sociales sobre los magros avances que el país ha tenido en cuanto al proceso de implementación de los ODS, genera preocupación por el impacto que tendrá a futuro en las poblaciones que ya se encuentran postergadas, principalmente los niños, niñas y adolescentes, donde se concentran los mayores niveles de pobreza.
Por tanto, aún con el deseo de que se materialicen avances significativos sobre los ODS definidos para el 2030, la Oebb mantiene su compromiso superador de continuar trabajando para garantizar el ejercicio de los derechos de nuestra comunidad y de aportar a la construcción de ciudadanía plena, en pos de la justicia social, tanto en el presente como en el futuro. Reconociendo la existencia de necesidades básicas y educativas insatisfechas que superan la respuesta que puede brindar la institución, se hace imprescindible un mayor despliegue de políticas públicas por parte del Estado que posibiliten una verdadera transformación de la realidad de las poblaciones en situación de vulneración de derechos.
Comments