Bajo el lema "Derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejor", en el mes de octubre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura conmemoró un nuevo Día Mundial de la Alimentación, con el objetivo de sensibilizar y promover la conciencia internacional sobre el hambre y fundamentalmente fomentando acciones para el futuro de la alimentación, las personas y el planeta.
Las últimas crisis con repercusiones alimentarias globales ocurridas en 2001 - 2002, 2007-2008 y 2020-2021, han implicado el resurgimiento de discusiones acerca del acceso a los alimentos y el hambre en distintas partes del mundo. En este sentido, la agenda ONU (Uruguay es Estado miembro) a través los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el Objetivo 2, plantean la necesidad de erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición, así como de asegurar a todas las personas el acceso a una alimentación sana, suficiente y nutritiva de forma estable para el año 2030.
Si bien nuestro país no contaba hasta el año 2022 con estadísticas oficiales periódicas sobre el estado de la seguridad alimentaria nacional, diversos estudios mostraban que era un problema relevante desde hace varias décadas, que afecta mayoritariamente a niños, niñas, adolescentes y una considerable porción de la población más vulnerable.
Intentaremos en este artículo aproximarnos para conocer la situación actual de Uruguay respecto a esta temática, pero fundamentalmente la referida a nuestra zona de influencia (Cuenca de Casavalle, Montevideo) y las acciones desarrolladas en los últimos años.
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Uruguay: perpetua inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria se produce por múltiples razones, siendo los factores socioeconómicos relevantes, ya que pueden limitar el acceso a los alimentos. Pero es importante destacar que el hambre no es sólo el resultado de la falta de alimentos sino que también está relacionada con las desigualdades en los mecanismos de distribución de alimentos y la falta de acceso a mejores condiciones de vida. En lo que a esto respecta, Uruguay aún no ha adoptado hasta el momento programas nacionales que permitan al gobierno desarrollar estrategias específicas dirigidas a mejorar el acceso y la utilización de recursos por parte de los segmentos más vulnerables de la población.
Según el último informe de Prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares de Uruguay 2023, a nivel nacional “La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave se estimó en un 14,6 % de los hogares. Esto significa que, cada 1000 hogares, 146 habían reducido la cantidad de alimentos que consumían por falta de dinero u otros recursos. La estimación de inseguridad alimentaria moderada o grave en personas correspondió a 16,3%. Esto implica que cada 1000 personas, 163 vivían en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave. Por su parte, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave en los hogares se estimó en 2,5%. Este resultado indica que 25 de cada 1000 hogares se habían quedado sin alimentos por falta de dinero u otros recursos y que alguna persona del hogar no había comido en todo el día. La estimación de inseguridad alimentaria grave en personas correspondió a 2,8%. Es decir, cada 1000 personas, 28 vivían en hogares con inseguridad alimentaria grave”.
A estos datos se suman los arrojados por la Encuesta Continua de Hogares, donde se estima que en la actualidad el 20% de niños y niñas menores de 6 años son pobres, porcentaje que duplica al doble el total de la población (10,1%),lo que en suma se traduce en una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares con menores de edad.
Yamandú Plada, coordinador de Redalco (Red de Alimentos Compartidos) aseguró recientemente en una entrevistas mediáticas que “Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas, pero hay 250 mil con insuficiencia alimentaria”, por tanto es totalmente viable la posibilidad de revertir la falta de acceso de alimentos básicos.
En este marco se hace evidente la ausencia del Estado y de incidencia de la sociedad civil organizada al respecto de la emergencia alimentaria que vive el Uruguay y que se ha visto acrecentada en estos últimos años post- pandemia; debido a la gran crisis social y económica que la misma acarreó y sigue profundizando sobre todo para los sectores de la población más vulnerables. Se hace patente la necesidad de un Estado presente que se haga cargo de la situación de emergencia alimentaria, que desarrolle políticas públicas de amplio alcance en relación a la problemática social de la alimentación, que invierta en recursos en alimentación de calidad para la población, así como también en educación alimentaria que tengan alcance en todas las zonas del territorio nacional, comprometiéndose de esta manera con el Derecho a la Alimentación Adecuada que el propio Estado propende.
Para esto se vuelve imprescindible revisar, desarrollar y multiplicar iniciativas y programas que se promuevan desde los distintos niveles de gobierno y de la sociedad civil organizada, tanto nacional, departamental como local. Incluyendo de forma proactiva a la comunidad y a la academia en la elaboración y desarrollo de los mismos.
Estado ausente, comunidad presente
Ante la coyuntura actual, la organización popular y comunitaria se pone de manifiesto para poder enfrentar el problema de la emergencia alimentaria y desde antaño activa, ante cada urgencia, distintas acciones para paliar la crisis y saciar este derecho humano fundamental como es el acceso a la alimentación.
De esta forma, la relación íntima entre alimentación y el barrio tiene su historia y formas que han generado un devenir político, social, económico y educativo muy complejo y multicausal. A este respecto, en Casavalle se evidencia, por ejemplo, la presencia histórica con mayor o menor intermitencia de merenderos y ollas populares que alimentaron a varias generaciones de vecinos y vecinas.
Además las historias de organizaciones sociales del barrio dan cuenta de dicha relación donde el alimento y su acceso ha sido un derecho básico que se ha militado y problematizado desde diferentes aristas.
Sin ir más lejos, el comienzo de los proyectos sociales de la OEBB surgen con el propósito de dar apoyo educativo y alimentario a niñas y niños del barrio, sosteniendo propuestas de merendero y olla con el fin de hacer frente a la situación de necesidad alimentaria que primaba en el territorio. Estas propuestas funcionaban los días domingos, dado que era el día en que otras instituciones como escuelas, clubes y otros centros no estaban abiertos. El sostén de la olla y merendero era posible por medio de donaciones. Esto sucede alrededor del año 1985, época post - dictadura. Cabe destacar que en años previos, en dictadura, funcionó también un espacio que brindaba alimento desde la Obra Ecuménica, pero como algo de características clandestinas; dado que en dicho momento las personas no podían juntarse.
Posteriormente comenzó a funcionar lo que se denominó “La escuelita de Víctor Hugo”, donde se brindaban meriendas reforzadas, y también se realizaba apoyo al estudio para los niños y niñas que concurrían. Este espacio comienza a funcionar también entre semana.
Otro momento clave y de gran labor comunitaria se produce durante la crisis del 2002, donde también desde la Obra Ecuménica se comienza a trabajar en lo que son las “Huertas Comunitarias”, en el un terreno donado por un vecino, donde se comenzó a plantar y cosechar; y todo lo que de allí se sacaba iba dirigido a reforzar los almuerzos y meriendas que desde la Obra Ecuménica se brindaban a la población.
Estos últimos años y en conjunto con ONU - UNFPA se apuntó a desplegar actividades de respuesta social a la emergencia social instalada por la pandemia del COVID-19, en particular en los barrios y poblaciones más vulneradas, en el marco de la estrategia de No dejar a nadie atrás. Se trazaron estrategias de trabajo en torno a la promoción de salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención del embarazo no planificado, la violencia basada en género y generaciones y las ITS-VIH-sida a través de actividades con las y los adolescentes, jóvenes y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, integrantes de la malla social solidaria de las Ollas Populares. Se apoyó y aún se acompaña a los equipos barriales de las Ollas Populares como herramienta de fortalecimiento de la malla solidaria local y la participación social, contribuyendo, además, con abastecimiento de insumos para la sostenibilidad de las ollas.
Así, se organiza una labor conjunta con La Red Solidaria Casavalle que tiene su origen en un contexto social y político atravesado directamente por este período de crisis humanitaria, que da aún más visibilidad y potencia a una de las crisis económicas más grandes de los últimos tiempos. A su vez, acarrea inherentemente una crisis sanitaria que deja al descubierto problemas sociales ya existentes, potenciandolos aún más.
Es en este marco que a mediados de Abril del año 2020 y desde diferentes tramas comunitarias se desarrollan las ollas y merenderos en la zona de Casavalle.
Hoy con más de cuatro años de distancia desde el surgimiento de la Red, la misma continúa funcionando, es decir que las ollas siguen subsistiendo como pueden, aún con el retiro del apoyo del Estado porque el hambre y la falta de alimentos sigue siendo un problema que afecta diariamente a parte de la población que vive en nuestro territorio de influencia.
En definitiva, esta es la reacción organizada de colectivos, instituciones, vecinos y vecinas que, ante la ausencia de políticas de Estado, políticas públicas, que por medio de tramas comunitarias organizadas logran aportar a la cobertura de las necesidades más básicas de la gente, en este caso y sobre todo en torno a la necesidad de alimento.
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